Por: Geovani Pérez

 

A nadie sorprende que entre los numerosos ejemplos de corrupción que por años han aquejado al estado mexicano uno de los más emblemáticos sea el del sector energético del país, desde los años 70's los recursos generados por la producción petrolera nacional han construido sueños de abundancia y fortuna para unos cuantos privilegiados.

 

Presidentes de la República, líderes sindicales, directores, subdirectores, ingenieros, técnicos y trabajadores corruptos, gobernadores y legisladores disfrutaron por lo menos de 50 años de bonanza petrolera, hasta que el negocio se convirtió en motivo de disputa entre cárteles que tradicionalmente se dedicaban al trasiego de drogas, hasta que la necesidad y la ambición se apoderó de campesinos, de pueblos enteros por los que corrían kilómetros y kilómetros de ductos de gas y gasolina.

 

La "administración de la abundancia" fue patética y ridícula pero con el paso de los años se perfeccionó, ya en el nuevo siglo de lo que se hablaba era del manejo "excedentes petroleros" que generaron miles de millones de pesos en la primera década de los años 2000; sólo unos cuantos personajes de la oposición en aquellos tiempos se atrevieron a cuestionar el destino de todos esos recursos.

 

Y no, no sirvieron para remodelar hospitales, para equiparlos después de la primera pandemia del siglo. La de la gripa AH1N1, tampoco se invirtió en la modernización de escuelas, ni se fortaleció el pacto fiscal que tanto manosean en estos días, sirvió para comprar aviones, pagar viajes de lujo, negociar reformas, para pagar sobornos, para comprar mansiones particulares y para financiar campañas, no sólo presidenciales.

 

Los aciertos del Presidente López Obrador en sus primeros 2 años se pueden contar con los dedos de una mano, es una realidad que por incapacidad, por necedad y por factores externos las cosas en la Cuarta Transformación no están saliendo como pensaban pero también es cierto que la oportunidad que representa la extradición de Emilio Lozoya a México puede ser capitalizada para equilibrar los errores cometidos, y encaminarse a defender su proyecto en las urnas en las elecciones intermedias, desafortunadamente el manejo hasta ahora del caso, ha dejado mucho que desear, Lozoya no es la estrella de un caso policiaco, Lozoya no es un testigo protegido al estilo estadounidense, Lozoya no es aliado de la 4T para desenmascarar a los corruptos, Emilio Lozoya es un delincuente.

 

Emilio Lozoya representa el último eslabón en esa historia de 50 años de corrupción y despilfarro de los recursos energéticos de los mexicanos, Lozoya debe ir a la cárcel y las instituciones de impartición de justicia que acompañan al gobierno de la 4T deben investigar correcta y profundamente, deben armar carpetas de investigación sólidas que permitan sentenciar al exdirector de PEMEX pero también a sus superiores e inferiores jerárquicos, a los que complotaron con él para conseguir la reforma energética… Todos deben ir a la cárcel.

 

El Presidente López Obrador repitió desde campaña y hasta el cansancio que acabar con la corrupción le pondría fin a todos los problemas del país; tiene a los corruptos entre sus manos y la responsabilidad histórica, de meterlos a todos a la cárcel, de que sirva este caso como ejemplo para  los funcionarios actuales y los que están por venir, de que se acabó el tiempo de administrar a discreción los recursos públicos del país, porque, no me salgan con que es un asunto de leyes, jueces y tribunales, hace falta mucha voluntad política para ir, por ejemplo, tras los pasos de un expresidente de la República.

 

 

 

 

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